Alrededor de medio millón de descendientes del exilio tienen el derecho a partir de hoy de solicitar la nacionalidad española, de acuerdo con lo que establece la Ley de la Memoria Histórica en reconocimiento a los familiares de quienes tuvieron que huir por la Guerra Civil y el franquismo.La medida beneficia a las personas cuyo padre o madre hubiera sido español y a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad como consecuencia del exilio en el período que comprende desde el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.Según las estimaciones del Gobierno, en torno a medio millón de ciudadanos repartidos por todo el mundo reúnen los requisitos para solicitar la condición de español, en su mayoría, residentes en Argentina, Uruguay, Cuba, Chile, Venezuela, México y Francia. Argentina, con cerca de 300.000 personas, es el país donde hay un mayor número de beneficiarios.El plazo para presentar las solicitudes es de dos años -hasta el 27 de diciembre de 2010-, aunque podría prorrogarse un año más, como fija la Ley de la Memoria Histórica, que entró en vigor hace justo un año. A efectos prácticos, las peticiones se podrán registrar a partir del próximo lunes, día 29, al ser el primer día hábil.Los Ministerios de Asuntos Exteriores y Justicia son los encargados de coordinar esta tarea, para lo que se han reforzado los medios materiales y humanos ante el amplio número de solicitudes que se esperan. Exteriores cuenta con una partida de 3,9 millones de euros para aumentar en unos 150 empleados el personal de los consulados que más carga de trabajo soportarán.Los interesados pueden obtener las solicitudes en las páginas web de Exteriores (http://www.maec.es/ ) y de Justicia (http://www.mjusticia.es/ ) y de forma presencial, en las embajadas y consulados españoles en el extranjero, así como en los Registros Civiles Municipales de España. Las instancias deberán ir acompañadas por certificaciones de nacimiento en el caso de los padres o madres que hubiesen sido españoles originariamente.En lo que respecta a los nietos, tendrán que aportar algún escrito que atestigüe la condición de exiliado del abuelo o abuela. Para ello, podrán entregar documentos acreditativos de haber sido beneficiario de las pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados o certificados de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones Unidas. También valdrán informes expedidos por partidos políticos, sindicatos u otras entidades reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de acogida que estén relacionadas con el exilio.La medida que entra hoy en vigor permite a los interesados no renunciar a la nacionalidad anterior, puesto que la española es de origen.Cabe la posibilidad de que los descendientes de las personas que opten a la nacionalidad con la nueva medida también puedan conseguirla. Es el caso de los hijos menores de 18 años de los beneficiarios, que podrán optar a la nacionalidad española no de origen, de acuerdo con el Código Civil, pero no el de los hijos mayores de edad.
lunes, 29 de diciembre de 2008
sábado, 27 de diciembre de 2008
HEMEROTECA: DIARIO PÚBLICO. HOY
ENTREVISTA
"La Ley de Memoria ha servido para muy poco"
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, prepara la conmemoriación de los 70 años del fin de la Guerra
"La Ley de Memoria ha servido para muy poco"
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, prepara la conmemoriación de los 70 años del fin de la Guerra
Emilio Silva recuperó los restos de su abuelo republicano de una fosa común en León. - ángel martínez MIGUEL ÁNGEL MARFULL - Madrid - 27/12/2008 08:00
Hace ocho años, en marzo de 2000, Emilio Silva encontró los restos de su abuelo en una fosa común de Priaranza del Bierzo, en León. Una cuadrilla de falangistas lo asesinó junto a una docena de personas más en agosto de 1936 por "perseguir un sueño: una escuela pública y laica para su pueblo". El sueño era posible, y se ha materializado en el trabajo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que preside Silva. El movimiento ha crecido desde entonces hasta convertirse hoy en la vanguardia que reclama dignidad para las víctimas del franquismo contra cualquier intento de enterrar la Memoria.
¿Cómo valora este primer año de vigor de la Ley de Memoria Histórica?
Ha servido para muy poco por ahora. Lo que mejor ha funcionado es el tema de los archivos, se ha puesto en marcha el tema de los brigadistas, algunas indemnizaciones... Y con respecto a las fosas, hasta hoy no ha servido para encontrar a nadie.
El presidente del Gobierno ha anunciado su intención de reunirse con los colectivos memorialistas y a ofrecerles "todos los medios"...
Ojalá. Con quien se debería reunir es con los familiares, sería importante para ellos y para quienes vieran que el presidente se reúne con una representación de todos los que tienen a un familiar en una fosa común.
¿Al Ejecutivo le ha faltado compromiso tras aprobar la ley?
Su error fue pensar que, haciendo una ley de mínimos, el movimiento se iba a parar. Todo lo contrario. Hay que tener conocimiento. Si te quedas con una visión edulcorada de la dictadura, haces la actual ley, pero si sabes que hubo decenas de miles de desaparecidos, miles de niños robados, todo tipo de atrocidades, miles de mujeres humilladas..., nunca harías una ley de mínimos sino un texto con la dimensión real del problema.
"La Transición, para consolidar la democracia, ha ocultado a las víctimas"
¿Por qué no ha sido posible en España un proceso a la dictadura como en Argentina o Chile?
Está empezando. Es la primera vez que un Gobierno afronta las consecuencias del golpe de Estado franquista, aunque sin muchas ganas, como se ha visto.
Muchos callejeros son aún un homenaje a la desmemoria...
Si un ayuntamiento incumple cualquier ley, el Estado tiene que obligarle a cumplirla igual que me obliga a mi. La Ley de la Memoria tiene el mismo rango que el resto. Un ejemplo que los que más me subleva: en Madrid sigue en pie el Arco de la Victoria.
Forma parte de un conjunto y la Ley preserva el valor artístico.
¿Alguien entendería que un monumento a un asesino existiera porque tiene valor artístico? Yo no, si exalta al asesino y no a la víctima.
Cómo se conjugan los conceptos perdón, olvido, reconciliación
Aquí ni siquiera ha habido conciliación. Nadie es culpable de los delitos del franquismo. La reparación que se ha hecho a las víctimas ha sido microscópica. La ignorancia es una política de Estado, que esconde el franquismo en los libros de texto. Eso permite tener una versión edulcorada de la Transición: desconocer Si desconozco la tremenda gravedad de los delitos que la precedieron. La generación que hizo la Transición ha incumplido el deber de transmitir el pasado a la generación siguiente.
¿Superar ese mito de la Transición es el germen de una recuperación que dignifique los valores de la República?
La Transición, para consolidar la democracia, hace ese trabajo de ocultación de delitos, víctimas, sus familias y la II República. Todo forma parte de una estrategia: había que consolidar la monarquía y todo lo republicano estaba vetado, pero empieza a haber un espacio para lo republicano.
¿Hay un antes y un después de la causa abierta por Garzón?
El iceberg de la Memoria sube poco a poco, y Garzón le ha dado un buen empujón. Hay mucha más gente que se atreve a hablar y eso genera al Gobierno mucha más demanda.
¿El trabajo de la Audiencia ha sido tiempo perdido?
Ese auto de inhibición es la mayor condena que ha hecho un poder del Estado al franquismo.
¿Qué cabe esperar ahora de los juzgados territoriales?
Vamos a ver. El punto final de este viaje, si no se soluciona antes, está en Estrasburgo.
"La ignorancia es una política de Estado, que esconde la dictadura en los libros de texto"
¿Veremos a un jerarca del franquismo en un banquillo?
La vida da muchas vueltas. El franquismo educó a este país en que no existía otro mundo posible y si algo he aprendió en esta asociación es que esto no es cierto. Tenemos que desaprender esa educación de que lo inamovible, de lo inmaculado. No sabemos si, mañana, un juez extranjero puede imputar a alguien la dictadura haciendo exactamente lo mismo que ha hecho la Justicia española con Argentina o Chile.
¿Es probable que instancias internacionales abran causas?
El principio de la Justicia universal es perfectamente aplicable al franquismo y en cualquier momento puede haber un juez que lo aplique.
¿Quién tiene miedo a que se procese a la dictadura?
Primero sus autores materiales e intelectuales, algunos viven todavía. Y luego, hay mucha gente que vive de las rentas de la corrupción política y económica de la dictadura. Los partidos y algunos sindicatos han recuperado sus bienes pero a los particulares no se les ha devuelto nada, hay un restablecimiento de la legalidad que no se ha dado.
Hace ocho años, en marzo de 2000, Emilio Silva encontró los restos de su abuelo en una fosa común de Priaranza del Bierzo, en León. Una cuadrilla de falangistas lo asesinó junto a una docena de personas más en agosto de 1936 por "perseguir un sueño: una escuela pública y laica para su pueblo". El sueño era posible, y se ha materializado en el trabajo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica que preside Silva. El movimiento ha crecido desde entonces hasta convertirse hoy en la vanguardia que reclama dignidad para las víctimas del franquismo contra cualquier intento de enterrar la Memoria.
¿Cómo valora este primer año de vigor de la Ley de Memoria Histórica?
Ha servido para muy poco por ahora. Lo que mejor ha funcionado es el tema de los archivos, se ha puesto en marcha el tema de los brigadistas, algunas indemnizaciones... Y con respecto a las fosas, hasta hoy no ha servido para encontrar a nadie.
El presidente del Gobierno ha anunciado su intención de reunirse con los colectivos memorialistas y a ofrecerles "todos los medios"...
Ojalá. Con quien se debería reunir es con los familiares, sería importante para ellos y para quienes vieran que el presidente se reúne con una representación de todos los que tienen a un familiar en una fosa común.
¿Al Ejecutivo le ha faltado compromiso tras aprobar la ley?
Su error fue pensar que, haciendo una ley de mínimos, el movimiento se iba a parar. Todo lo contrario. Hay que tener conocimiento. Si te quedas con una visión edulcorada de la dictadura, haces la actual ley, pero si sabes que hubo decenas de miles de desaparecidos, miles de niños robados, todo tipo de atrocidades, miles de mujeres humilladas..., nunca harías una ley de mínimos sino un texto con la dimensión real del problema.
"La Transición, para consolidar la democracia, ha ocultado a las víctimas"
¿Por qué no ha sido posible en España un proceso a la dictadura como en Argentina o Chile?
Está empezando. Es la primera vez que un Gobierno afronta las consecuencias del golpe de Estado franquista, aunque sin muchas ganas, como se ha visto.
Muchos callejeros son aún un homenaje a la desmemoria...
Si un ayuntamiento incumple cualquier ley, el Estado tiene que obligarle a cumplirla igual que me obliga a mi. La Ley de la Memoria tiene el mismo rango que el resto. Un ejemplo que los que más me subleva: en Madrid sigue en pie el Arco de la Victoria.
Forma parte de un conjunto y la Ley preserva el valor artístico.
¿Alguien entendería que un monumento a un asesino existiera porque tiene valor artístico? Yo no, si exalta al asesino y no a la víctima.
Cómo se conjugan los conceptos perdón, olvido, reconciliación
Aquí ni siquiera ha habido conciliación. Nadie es culpable de los delitos del franquismo. La reparación que se ha hecho a las víctimas ha sido microscópica. La ignorancia es una política de Estado, que esconde el franquismo en los libros de texto. Eso permite tener una versión edulcorada de la Transición: desconocer Si desconozco la tremenda gravedad de los delitos que la precedieron. La generación que hizo la Transición ha incumplido el deber de transmitir el pasado a la generación siguiente.
¿Superar ese mito de la Transición es el germen de una recuperación que dignifique los valores de la República?
La Transición, para consolidar la democracia, hace ese trabajo de ocultación de delitos, víctimas, sus familias y la II República. Todo forma parte de una estrategia: había que consolidar la monarquía y todo lo republicano estaba vetado, pero empieza a haber un espacio para lo republicano.
¿Hay un antes y un después de la causa abierta por Garzón?
El iceberg de la Memoria sube poco a poco, y Garzón le ha dado un buen empujón. Hay mucha más gente que se atreve a hablar y eso genera al Gobierno mucha más demanda.
¿El trabajo de la Audiencia ha sido tiempo perdido?
Ese auto de inhibición es la mayor condena que ha hecho un poder del Estado al franquismo.
¿Qué cabe esperar ahora de los juzgados territoriales?
Vamos a ver. El punto final de este viaje, si no se soluciona antes, está en Estrasburgo.
"La ignorancia es una política de Estado, que esconde la dictadura en los libros de texto"
¿Veremos a un jerarca del franquismo en un banquillo?
La vida da muchas vueltas. El franquismo educó a este país en que no existía otro mundo posible y si algo he aprendió en esta asociación es que esto no es cierto. Tenemos que desaprender esa educación de que lo inamovible, de lo inmaculado. No sabemos si, mañana, un juez extranjero puede imputar a alguien la dictadura haciendo exactamente lo mismo que ha hecho la Justicia española con Argentina o Chile.
¿Es probable que instancias internacionales abran causas?
El principio de la Justicia universal es perfectamente aplicable al franquismo y en cualquier momento puede haber un juez que lo aplique.
¿Quién tiene miedo a que se procese a la dictadura?
Primero sus autores materiales e intelectuales, algunos viven todavía. Y luego, hay mucha gente que vive de las rentas de la corrupción política y económica de la dictadura. Los partidos y algunos sindicatos han recuperado sus bienes pero a los particulares no se les ha devuelto nada, hay un restablecimiento de la legalidad que no se ha dado.
viernes, 26 de diciembre de 2008
COMUNICADO ENVIADO POR CECILIO GORDILLO. coordinador de TLN por CGT-A
UN AÑO DE LA LEY DE "MEMORIA HISTORICA". ......Seguiremos.
El 26 de Diciembre del año pasado se aprobó la Ley, conocida popularmente, como de la “Memoria Histórica”, durante 2008 han ocurrido hechos importantes –fundamentalmente de carácter político y jurídico- pero también social, como lo demuestra que las escasas intervenciones institucionales se hayan realizado por la presión del movimiento memorialista, más que por iniciativa propia, como lo demuestra la aportación -al poder judicial- de más de 114.000 nombres de víctimas del franquismo o de la señalización –para su eliminación- de todo lo relacionado con los monumentos y calles que publicitaban el franquismo en nuestras ciudades y pueblos.
http://www.todoslosnombres.org/ ha hecho público, durante 2008, más de 8.300 nombres de represaliados del franquismo colocando nuestro contador, en el día de hoy en 39.130, y seguiremos.
Durante este 2009 esperamos superar las disficultades en las dos provincias de las que menos datos tenemos, Córdoba y Granada. Ello será posible sí seguimos contado con vuestro apoyo, y, además, para:
Anular las sentecias de los Consejos de Guerra.
Modificar la Ley de Registros Civiles.
Reconocer, juridicamente, a los presos-esclavos del franquismo.
Eliminar -exhumando- de nuestro territorio los enterramientos ilegales (Fosas Comunes).
La devolución de los patrimonios expoliados.
La construcción del Memorial Merinales. y un largo etcetera.
Cecilio Gordillo, Coordinador http://www.todoslosnombres.org/ por CGT.A
El 26 de Diciembre del año pasado se aprobó la Ley, conocida popularmente, como de la “Memoria Histórica”, durante 2008 han ocurrido hechos importantes –fundamentalmente de carácter político y jurídico- pero también social, como lo demuestra que las escasas intervenciones institucionales se hayan realizado por la presión del movimiento memorialista, más que por iniciativa propia, como lo demuestra la aportación -al poder judicial- de más de 114.000 nombres de víctimas del franquismo o de la señalización –para su eliminación- de todo lo relacionado con los monumentos y calles que publicitaban el franquismo en nuestras ciudades y pueblos.
http://www.todoslosnombres.org/ ha hecho público, durante 2008, más de 8.300 nombres de represaliados del franquismo colocando nuestro contador, en el día de hoy en 39.130, y seguiremos.
Durante este 2009 esperamos superar las disficultades en las dos provincias de las que menos datos tenemos, Córdoba y Granada. Ello será posible sí seguimos contado con vuestro apoyo, y, además, para:
Anular las sentecias de los Consejos de Guerra.
Modificar la Ley de Registros Civiles.
Reconocer, juridicamente, a los presos-esclavos del franquismo.
Eliminar -exhumando- de nuestro territorio los enterramientos ilegales (Fosas Comunes).
La devolución de los patrimonios expoliados.
La construcción del Memorial Merinales. y un largo etcetera.
Cecilio Gordillo, Coordinador http://www.todoslosnombres.org/ por CGT.A
jueves, 18 de diciembre de 2008
COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
La Coordinadora de Víctimas del Franquismo, ante el primer aniversario de la publicación de la Ley 52/2007
El próximo 27 de diciembre se cumple un año de la publicación en el BOE de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Su entrada en vigor debía producirse el día 28 de diciembre. No obstante, el necesario desarrollo reglamentario de la ley no ha tenido lugar hasta los primeros días del mes de noviembre último.
La Ley 52/2007 se aprobó in extremis, con la legislatura del primer Gobierno Zapatero prácticamente agotada y después de un largo proceso, que se había iniciado en el verano de 2004, con la creación de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, presidida al más alto nivel por la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega. Parecía que por fin, treinta años después de la muerte del dictador, la sociedad española iba a afrontar la desmemoria colectiva que los golpistas de 1936 habían gravado en su alma a sangre y fuego.
Sin embargo, dos años después, en el verano de 2006, la Comisión presentó un proyecto de ley que sumió en la perplejidad a los colectivos de víctimas del Franquismo. No solo se daba la espalda al Derecho Internacional, sino que, en un reprobable ejercicio de equidistancia, se equiparaba al Gobierno legítimo de la República con una banda armada, y se equiparaba, así mismo, las sentencias emanadas de los Tribunales constitutivos del Poder Judicial de la República española, con las ejecuciones llevadas a cabo por aplicación del bando de guerra de los insurgentes y con las sentencias emitidas por consejos de guerra sumarísimos, por el Tribunal de Responsabilidades Políticas o por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, todos ellos conformadores del orden jurídico establecido por el golpismo triunfante.
Ante el rechazo causado por el texto elaborado por la Comisión Interministerial, se inició un proceso de negociación con otros grupos políticos del Congreso que desembocó en la Ley 52/2007. Ésta, con un lenguaje algo más cuidadoso, presenta un articulado igualmente ajeno a los principios de Justicia, Verdad y Reparación consagrados en el Derecho Internacional de Gentes. El Estado español nos brindó un 28 de diciembre, un ejercicio de compensación a la española, una chapucilla mediante la cual ninguna persona ni institución asumiera responsabilidad alguna, pero que sirviera para dar carpetazo al molesto asunto de una memoria que pretendía ir más allá de lo puramente familiar. La responsabilidad del Estado español en el ámbito de la protección de los Derechos Humanos de sus propios ciudadanos, ha quedado reducida a la expedición de un certificado de víctima. Con el agravante añadido por el Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, de que la tramitación del peculiar certificado corresponderá, si procede, a la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, departamento del Ministerio de Justicia que tiene asignada la función de preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de gracia así como la de los títulos nobiliarios y grandezas de España. En otras palabras, que, setenta años después de que Franco y sus secuaces derribaran con violencia la legalidad vigente, el Estado democrático, que se ha negado a decretar la nulidad de los actos de represión contrarios a derecho de la dictadura, concede el perdón a sus víctimas.
Por si esto no fuera suficiente, el Estado tampoco ha querido asumir su responsabilidad en el ámbito de los desaparecidos y, por eso, ha delegado en las familias la búsqueda, localización y exhumación de las víctimas de desapariciones forzadas, escondiendo su irresponsabilidad detrás de una subvención.
Atravesando transversalmente este despropósito, distintos colectivos de víctimas del Franquismo habían presentado en diciembre de 2006 y julio de 2007, ante la Audiencia Nacional, una serie de denuncias por crímenes de lesa humanidad. Las denuncias habían recaído por turno de reparto en su Juzgado de Instrucción nº 5. Al cabo de un año sin que éste efectuara ningún acto de procedimiento, los denunciantes presentaron escritos de queja ante el Consejo General del Poder Judicial.
En julio de 2008, seis meses después de la publicación de la Ley 52/2007 y año y medio después de presentadas las denuncias, da comienzo una puesta en escena, a cargo de un selecto cuadro de intérpretes institucionales, que ha dado al traste definitivamente con las esperanzas de obtención de justicia, en España, por parte de las víctimas del Franquismo.
El Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, sin pronunciarse sobre la admisión a trámite de las denuncias presentadas, ordena la práctica de una gran cantidad de diligencias que le iban a permitir confeccionar un primer censo de la represión franquista y dictar, en el mes de octubre, un Auto en el que se declaraba competente para llevar a cabo la instrucción.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tiene por misión, en su ámbito competencial, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y que ejerce su función conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, se opone con vehemencia a la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Franquismo, aunque sin establecer cual sería el órgano jurisdiccional competente. Y, no contenta con esto, plantea un incidente extraordinario de competencia ante la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional.
El Juez Instructor, antes de que se resuelva el incidente por la Sala, dicta un nuevo Auto en el que, a pesar de ofrecer nueva motivación para lo contrario, decide inhibirse de la competencia que había asumido un mes antes con el argumento de que Franco está muerto. Y decide también remitir las actuaciones a los Juzgados territoriales, en cuya jurisdicción existan fosas comunes sobre las que se hayan presentado informes y solicitudes de exhumación, juzgados territoriales que desde hace años vienen haciendo oídos sordos a las denuncias presentadas ante ellos, alegando falta de competencia o carencia de medios.
La Sala de lo Penal resuelve, por 14 votos frente a 3, que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar los crímenes cometidos por el Franquismo porque Franco está “premuerto”.
Franco está muerto y enterrado, pero para los familiares de los desparecidos la espera y la tortura continúa.
Con la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y con la publicación de las normas de desarrollo de la Ley 52/2007, cae el telón y finaliza la representación. Los colectivos de víctimas del Franquismo volvemos a situarnos en el punto del que, a pesar de las apariencias, nunca nos hemos movido. El Poder Judicial nos niega el amparo, el Poder Legislativo nos ningunea, y el Poder Ejecutivo, ése sí, nos abre una ventanilla. Los cientos de miles de hombres y mujeres que fueron asesinados, encarcelados, depurados u obligados a vivir lejos de su patria, por una banda terrorista convertida en Estado ilegal, ya pueden solicitar su certificado de víctima ante la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos del Ministerio de Justicia del Gobierno de España.
Diciembre de 2008.
Francisca Maqueda Fernández, D.N.I. nº 28576785K (Sevilla) / movil 657858257
COORDINADORA DE COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.Constituida por: Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asociación Memoria Histórica de Cataluña, Asociación Mèmoria de Mallorca, AREMEHISA (Asociación Recuperación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera), Asociación Recuperación Memoria Histórica de Aragón, Asociación Recuperación Memoria Histórica Valladolid, Confederación General del Trabajo y Forum per la Mèmoria del País Valenciá.
El próximo 27 de diciembre se cumple un año de la publicación en el BOE de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Su entrada en vigor debía producirse el día 28 de diciembre. No obstante, el necesario desarrollo reglamentario de la ley no ha tenido lugar hasta los primeros días del mes de noviembre último.
La Ley 52/2007 se aprobó in extremis, con la legislatura del primer Gobierno Zapatero prácticamente agotada y después de un largo proceso, que se había iniciado en el verano de 2004, con la creación de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, presidida al más alto nivel por la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega. Parecía que por fin, treinta años después de la muerte del dictador, la sociedad española iba a afrontar la desmemoria colectiva que los golpistas de 1936 habían gravado en su alma a sangre y fuego.
Sin embargo, dos años después, en el verano de 2006, la Comisión presentó un proyecto de ley que sumió en la perplejidad a los colectivos de víctimas del Franquismo. No solo se daba la espalda al Derecho Internacional, sino que, en un reprobable ejercicio de equidistancia, se equiparaba al Gobierno legítimo de la República con una banda armada, y se equiparaba, así mismo, las sentencias emanadas de los Tribunales constitutivos del Poder Judicial de la República española, con las ejecuciones llevadas a cabo por aplicación del bando de guerra de los insurgentes y con las sentencias emitidas por consejos de guerra sumarísimos, por el Tribunal de Responsabilidades Políticas o por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, todos ellos conformadores del orden jurídico establecido por el golpismo triunfante.
Ante el rechazo causado por el texto elaborado por la Comisión Interministerial, se inició un proceso de negociación con otros grupos políticos del Congreso que desembocó en la Ley 52/2007. Ésta, con un lenguaje algo más cuidadoso, presenta un articulado igualmente ajeno a los principios de Justicia, Verdad y Reparación consagrados en el Derecho Internacional de Gentes. El Estado español nos brindó un 28 de diciembre, un ejercicio de compensación a la española, una chapucilla mediante la cual ninguna persona ni institución asumiera responsabilidad alguna, pero que sirviera para dar carpetazo al molesto asunto de una memoria que pretendía ir más allá de lo puramente familiar. La responsabilidad del Estado español en el ámbito de la protección de los Derechos Humanos de sus propios ciudadanos, ha quedado reducida a la expedición de un certificado de víctima. Con el agravante añadido por el Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, de que la tramitación del peculiar certificado corresponderá, si procede, a la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, departamento del Ministerio de Justicia que tiene asignada la función de preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de gracia así como la de los títulos nobiliarios y grandezas de España. En otras palabras, que, setenta años después de que Franco y sus secuaces derribaran con violencia la legalidad vigente, el Estado democrático, que se ha negado a decretar la nulidad de los actos de represión contrarios a derecho de la dictadura, concede el perdón a sus víctimas.
Por si esto no fuera suficiente, el Estado tampoco ha querido asumir su responsabilidad en el ámbito de los desaparecidos y, por eso, ha delegado en las familias la búsqueda, localización y exhumación de las víctimas de desapariciones forzadas, escondiendo su irresponsabilidad detrás de una subvención.
Atravesando transversalmente este despropósito, distintos colectivos de víctimas del Franquismo habían presentado en diciembre de 2006 y julio de 2007, ante la Audiencia Nacional, una serie de denuncias por crímenes de lesa humanidad. Las denuncias habían recaído por turno de reparto en su Juzgado de Instrucción nº 5. Al cabo de un año sin que éste efectuara ningún acto de procedimiento, los denunciantes presentaron escritos de queja ante el Consejo General del Poder Judicial.
En julio de 2008, seis meses después de la publicación de la Ley 52/2007 y año y medio después de presentadas las denuncias, da comienzo una puesta en escena, a cargo de un selecto cuadro de intérpretes institucionales, que ha dado al traste definitivamente con las esperanzas de obtención de justicia, en España, por parte de las víctimas del Franquismo.
El Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, sin pronunciarse sobre la admisión a trámite de las denuncias presentadas, ordena la práctica de una gran cantidad de diligencias que le iban a permitir confeccionar un primer censo de la represión franquista y dictar, en el mes de octubre, un Auto en el que se declaraba competente para llevar a cabo la instrucción.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tiene por misión, en su ámbito competencial, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y que ejerce su función conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, se opone con vehemencia a la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Franquismo, aunque sin establecer cual sería el órgano jurisdiccional competente. Y, no contenta con esto, plantea un incidente extraordinario de competencia ante la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional.
El Juez Instructor, antes de que se resuelva el incidente por la Sala, dicta un nuevo Auto en el que, a pesar de ofrecer nueva motivación para lo contrario, decide inhibirse de la competencia que había asumido un mes antes con el argumento de que Franco está muerto. Y decide también remitir las actuaciones a los Juzgados territoriales, en cuya jurisdicción existan fosas comunes sobre las que se hayan presentado informes y solicitudes de exhumación, juzgados territoriales que desde hace años vienen haciendo oídos sordos a las denuncias presentadas ante ellos, alegando falta de competencia o carencia de medios.
La Sala de lo Penal resuelve, por 14 votos frente a 3, que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar los crímenes cometidos por el Franquismo porque Franco está “premuerto”.
Franco está muerto y enterrado, pero para los familiares de los desparecidos la espera y la tortura continúa.
Con la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y con la publicación de las normas de desarrollo de la Ley 52/2007, cae el telón y finaliza la representación. Los colectivos de víctimas del Franquismo volvemos a situarnos en el punto del que, a pesar de las apariencias, nunca nos hemos movido. El Poder Judicial nos niega el amparo, el Poder Legislativo nos ningunea, y el Poder Ejecutivo, ése sí, nos abre una ventanilla. Los cientos de miles de hombres y mujeres que fueron asesinados, encarcelados, depurados u obligados a vivir lejos de su patria, por una banda terrorista convertida en Estado ilegal, ya pueden solicitar su certificado de víctima ante la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos del Ministerio de Justicia del Gobierno de España.
Diciembre de 2008.
Francisca Maqueda Fernández, D.N.I. nº 28576785K (Sevilla) / movil 657858257
COORDINADORA DE COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.Constituida por: Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asociación Memoria Histórica de Cataluña, Asociación Mèmoria de Mallorca, AREMEHISA (Asociación Recuperación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera), Asociación Recuperación Memoria Histórica de Aragón, Asociación Recuperación Memoria Histórica Valladolid, Confederación General del Trabajo y Forum per la Mèmoria del País Valenciá.
martes, 16 de diciembre de 2008
LOS LISTADOS DE LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO. ¿Quién controlará ahora su destino?.
Comunicado de equipo todoslosnombres.org
El 22 de Septiembre de 2008 varias decenas de entidades, asociaciones, investigadores e historiadores, depositaban en el Registro de la Audiencia Nacional en torno a 114.000 nombres de víctimas mortales del franquismo. En menor medida (se desconocen los datos) algunas instituciones del Estado (Ministerios, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y Universidades como la de Granada) hacían lo mismo previa demanda del juez y no precisamente por voluntad propia.
La página http://www.todoslosnombres.org/ era la entidad (AMHyJA y CGT.A) que más datos suministró, superando los 22.400 nombres de víctimas mortales (fusilados, muertos en cárceles, etc.) producto de las donaciones de más de doscientos colaboradores, después de años de investigaciones (algunas de ellas inéditas) de campo –testimonios- pero sobre todo el origen de esos nombres han sido los archivos del propio Estado (registros civiles, militares, municipales, cárceles, etc..) en el territorio donde trabajamos (Andalucía, Badajoz y norte de Africa).
Por primera vez un Poder del Estado (judicial), pero más concretamente un juez tenía la SUERTE de tener en su poder – SIN TRABAJARLO- el primer listado, no definitivo, de víctimas del franquismo realizado desde la sociedad civil.
Nos encontramos, tres meses después, que, una vez inhibido ese mismo poder judicial, nuestro trabajo –esos 114.000 nombres- están o van a estar, circulando por los diferentes juzgados territoriales, abogados personados en la causa –y, algunos, no casualmente- para terminar quién sabe donde. Lo que sí sabemos es que ese trabajo de cruzar los datos que ordenó el juzgado a una empresa privada nunca va a llegar a las propias familias de las víctimas al no ser accesibles directamente.
No entendemos por qué, tras la inhibición, todo (iniciativa, comité de expertos, policía judicial) haya quedado muerto menos ESO. ¿Quién lo pagará? ¿Por qué lo ha de conservar la Audiencia si quien llevaba este asunto se ha reconocido incompetente para ello? ¿Es acaso incompetente para todo menos para quedarse con esa información? ¿Por qué ha de pasarla completa a los abogados personados en el caso? Si el caso ha acabado de esta manera lo que debe hacerse es devolver el material a quienes lo enviaron y archivar en lugar seguro lo que haya hecho el equipo informático. Es posible que sirva para otra ocasión. Lo que no es de recibo es que algunos, sin comerlo ni beberlo, se hagan del trabajo ajeno. ¿Quién controlará ahora su destino?.
Cecilio Gordillo (28501266B), Francisco Espinosa Maestre y Fernando Romero
equipo www.todoslosnombres.org
Alcalde Isacio Contreras 2b local * 41003 Sevilla
Tlf: 695.276656 / todoslosnombres@cgt.es
La página http://www.todoslosnombres.org/ era la entidad (AMHyJA y CGT.A) que más datos suministró, superando los 22.400 nombres de víctimas mortales (fusilados, muertos en cárceles, etc.) producto de las donaciones de más de doscientos colaboradores, después de años de investigaciones (algunas de ellas inéditas) de campo –testimonios- pero sobre todo el origen de esos nombres han sido los archivos del propio Estado (registros civiles, militares, municipales, cárceles, etc..) en el territorio donde trabajamos (Andalucía, Badajoz y norte de Africa).
Por primera vez un Poder del Estado (judicial), pero más concretamente un juez tenía la SUERTE de tener en su poder – SIN TRABAJARLO- el primer listado, no definitivo, de víctimas del franquismo realizado desde la sociedad civil.
Nos encontramos, tres meses después, que, una vez inhibido ese mismo poder judicial, nuestro trabajo –esos 114.000 nombres- están o van a estar, circulando por los diferentes juzgados territoriales, abogados personados en la causa –y, algunos, no casualmente- para terminar quién sabe donde. Lo que sí sabemos es que ese trabajo de cruzar los datos que ordenó el juzgado a una empresa privada nunca va a llegar a las propias familias de las víctimas al no ser accesibles directamente.
No entendemos por qué, tras la inhibición, todo (iniciativa, comité de expertos, policía judicial) haya quedado muerto menos ESO. ¿Quién lo pagará? ¿Por qué lo ha de conservar la Audiencia si quien llevaba este asunto se ha reconocido incompetente para ello? ¿Es acaso incompetente para todo menos para quedarse con esa información? ¿Por qué ha de pasarla completa a los abogados personados en el caso? Si el caso ha acabado de esta manera lo que debe hacerse es devolver el material a quienes lo enviaron y archivar en lugar seguro lo que haya hecho el equipo informático. Es posible que sirva para otra ocasión. Lo que no es de recibo es que algunos, sin comerlo ni beberlo, se hagan del trabajo ajeno. ¿Quién controlará ahora su destino?.
Cecilio Gordillo (28501266B), Francisco Espinosa Maestre y Fernando Romero
equipo www.todoslosnombres.org
Alcalde Isacio Contreras 2b local * 41003 Sevilla
Tlf: 695.276656 / todoslosnombres@cgt.es
viernes, 12 de diciembre de 2008
NUEVO ENLACE: LA MEMORIA VIVA
Desde hoy y con el permiso de los administradores, ampliamos los enlaces de nuestro blog, concretamente realizamos enlace a un blog memorialista, bastante activo y con contenido muy actualizado. Se trata de la memoria viva, esperamos que como su nombre indica , nos ayude en nuestra memoria en pro de la dignidad de los represaliados por los golpistas por defender los ideales legítimos y democráticos.
Salud y memoria
jueves, 11 de diciembre de 2008
EXHUMACIONES SINE DIE
El nuevo comisario Francisco Salazar, no concretiza fechas para las exhumaciones demandadas por los familiares de la represión golpista.
Familiares de desaparecidos por la represión fascista del 36 y 37, cuyos cuerpos se encuentran en las fosas del Cementerio de La Puebla de Cazalla (Sevilla) y en los alrededores de dicha localidad (vertedero y zona de “El ladrillar”), así como la Presidenta de la Asociación DIME de Marchena (Sevilla) Dª Antonia Parra, se reunieron este martes día 9 de diciembre con el Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía D. Francisco José Salazar, reunión que llevaba pendiente desde hacía varios meses. En esta reunión el Comisario se comprometió a retomar pronto los trabajos en las fosas del Cementerio de La Puebla de Cazalla, que están paralizadas desde el pasado 23 de abril, después de que más de 10 cuerpos estuvieran ya en la superficie y tuvieran que volverse a enterrar por falta de presupuesto. La inmediatez de la intervención no se contempla, por el contrario, en las fosas documentadas que se encuentran fuera del Cementerio Municipal aunque en la misma localidad de La Puebla, así como las del resto de Andalucía, a excepción de la de Málaga, que deberán esperar a la confección y gestión de un Plan por parte de la Junta de Andalucía y de un Protocolo de Actuación del Gobierno del Estado, según informó el Comisario. En ambos proyectos, parece no contemplarse –en principio- los estudios y pruebas de ADN. Los familiares presentes en la reunión afirmaron que sin las pruebas de ADN, todo este proceso carecería de significado.
lunes, 8 de diciembre de 2008
TERCERA CONCENTRACIÓN DE FAMILIARES DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
Sábado, 13/12/2008: 12 h. Plaza de la Gavidia (Sevilla).
3ª Concentración de familiares de víctimas del franquismo.POR LA EXHUMACION DE LAS FOSAS COMUNES EN ANDALUCIAConvoca: Coordinadora Asociaciones Memoria Histórica de Andalucía (CAMHA).(AMHyJA, DIME, AREMEHISA, AMHyJA-Almonte, Familiares de la Puebla de Cazalla, Guillena, .....). Apoya: “RMHSA” de CGT.A
3ª Concentración de familiares de víctimas del franquismo.POR LA EXHUMACION DE LAS FOSAS COMUNES EN ANDALUCIAConvoca: Coordinadora Asociaciones Memoria Histórica de Andalucía (CAMHA).(AMHyJA, DIME, AREMEHISA, AMHyJA-Almonte, Familiares de la Puebla de Cazalla, Guillena, .....). Apoya: “RMHSA” de CGT.A
miércoles, 3 de diciembre de 2008
Garzón: "Lo importante no es quién sea el juez, sino que las cosas se hagan"
EFE - Santiago de Compostela - 02/12/2008 23:36
El juez Baltasar Garzón señaló hoy que "lo importante no es quién sea el juez" que esté a cargo en la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, sino "que las cosas se hagan".En declaraciones a los medios de comunicación, esta tarde en Santiago de Compostela, antes de presentar su libro, Garzón insistió en que la investigación tendrá que realizarse "en los límites establecidos por la propia resolución del juzgado y por la sala de la penal y la Audiencia Nacional".El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó la pasada semana que Baltasar Garzón carece de competencias para investigar este caso, por lo que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales.La mayoría consideró que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos, porque el delito que Garzón imputaba a los responsables del régimen franquista (delito contra altos organismos de la nación) no existía en el momento en que se produjeron las desapariciones.Garzón se mostró prudente y afirmó no poder opinar todavía sobre ese asunto, y, aunque remarcó que la Audiencia Nacional "ha decidido, no se ha publicado aún una resolución en esa materia", por lo que está pendiente de "conocer los argumentos".
La Ley de Amnistía
El juez aclaró, además, que lo que recogía su auto "no afectaba precisamente a la Ley de Amnistía de 1977", sino que hacía "mención" al Comité de Derechos Humanos, en los que se hace una alusión a la recomendación de derogar esa normativa.Ante la pregunta de si eso sería factible, matizó que "lo es desde el momento en que se establece la posibilidad de que haya una acción judicial en cada uno de los juzgados competentes" en la materia, siendo cada uno de ellos el que tenga que decidir.Además, lanzó un mensaje de tranquilidad a las víctimas de la represión y sus familiares, de los que dijo que "tienen que estar tranquilos", porque, en todo caso, "recibirán la respuesta de la Justicia en cada uno de los puntos donde corresponda".En relación con la recogida de firmas en apoyo a su actuación, manifestó su agradecimiento a los apoyos, si bien puntualizó que "los jueces hacemos lo que debemos, con nuestra obligación y responsabilidad".Considera Garzón que las resoluciones son fundamentadas y dan respuesta a lo que se ha pedido y, a partir de ahí, "lo más importante no es el juez que lleve esa investigación, sino que la investigación se desarrolle".Por otra parte, el magistrado respondió a preguntas de los periodistas sobre su postura sobre la investigación del paso por España de vuelos de la CIA con destino a Guantánamo (Cuba), cuya existencia dijo desconocer ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero."No es que sea partidario o no -dijo- es que ese asunto ya está investigándose en el Juzgado central de Instrucción número 2" y, a este respecto, manifestó que le parece "muy adecuado" que esa investigación se esté desarrollando y se esclarezca, desde el punto de vista judicial, todo lo que haya sucedido, "porque así debe ser"."Si hay algún indicio o responsabilidad penal, tendrá que ser el juez el que lo establezca, más allá de las responsabilidades políticas, si es que las hay", apuntó Garzón, quien hizo un llamamiento para que se respeten los tiempos judiciales y los que establezcan, tanto el Ministerio Fiscal como el magistrado encargado de la investigación.
El juez Baltasar Garzón señaló hoy que "lo importante no es quién sea el juez" que esté a cargo en la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, sino "que las cosas se hagan".En declaraciones a los medios de comunicación, esta tarde en Santiago de Compostela, antes de presentar su libro, Garzón insistió en que la investigación tendrá que realizarse "en los límites establecidos por la propia resolución del juzgado y por la sala de la penal y la Audiencia Nacional".El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó la pasada semana que Baltasar Garzón carece de competencias para investigar este caso, por lo que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales.La mayoría consideró que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos, porque el delito que Garzón imputaba a los responsables del régimen franquista (delito contra altos organismos de la nación) no existía en el momento en que se produjeron las desapariciones.Garzón se mostró prudente y afirmó no poder opinar todavía sobre ese asunto, y, aunque remarcó que la Audiencia Nacional "ha decidido, no se ha publicado aún una resolución en esa materia", por lo que está pendiente de "conocer los argumentos".
La Ley de Amnistía
El juez aclaró, además, que lo que recogía su auto "no afectaba precisamente a la Ley de Amnistía de 1977", sino que hacía "mención" al Comité de Derechos Humanos, en los que se hace una alusión a la recomendación de derogar esa normativa.Ante la pregunta de si eso sería factible, matizó que "lo es desde el momento en que se establece la posibilidad de que haya una acción judicial en cada uno de los juzgados competentes" en la materia, siendo cada uno de ellos el que tenga que decidir.Además, lanzó un mensaje de tranquilidad a las víctimas de la represión y sus familiares, de los que dijo que "tienen que estar tranquilos", porque, en todo caso, "recibirán la respuesta de la Justicia en cada uno de los puntos donde corresponda".En relación con la recogida de firmas en apoyo a su actuación, manifestó su agradecimiento a los apoyos, si bien puntualizó que "los jueces hacemos lo que debemos, con nuestra obligación y responsabilidad".Considera Garzón que las resoluciones son fundamentadas y dan respuesta a lo que se ha pedido y, a partir de ahí, "lo más importante no es el juez que lleve esa investigación, sino que la investigación se desarrolle".Por otra parte, el magistrado respondió a preguntas de los periodistas sobre su postura sobre la investigación del paso por España de vuelos de la CIA con destino a Guantánamo (Cuba), cuya existencia dijo desconocer ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero."No es que sea partidario o no -dijo- es que ese asunto ya está investigándose en el Juzgado central de Instrucción número 2" y, a este respecto, manifestó que le parece "muy adecuado" que esa investigación se esté desarrollando y se esclarezca, desde el punto de vista judicial, todo lo que haya sucedido, "porque así debe ser"."Si hay algún indicio o responsabilidad penal, tendrá que ser el juez el que lo establezca, más allá de las responsabilidades políticas, si es que las hay", apuntó Garzón, quien hizo un llamamiento para que se respeten los tiempos judiciales y los que establezcan, tanto el Ministerio Fiscal como el magistrado encargado de la investigación.
Los compañeros de Amere nos mandan noticias sobre la provincia de Cádiz
CÁDIZ Información
Los colectivos de la memoria toman el relevo de Garzón
02/Diciembre · 00:02 · Alejandro Massia
Las asociaciones gaditanas se plantean acudir ahora a los juzgados de Cádiz
Colectivos se plantean interponer una denuncia para que se investigue el paradero de los desaparecidos. · Autor: Marcos Piñero
El movimiento gaditano en pos de la recuperación de la memoria histórica recogerá el testigo de Baltasar Garzón en la causa sobre las desapariciones de la Guerra Civil y la represión del franquismo. Los colectivos que trabajan desde hace años en este ámbito han asumido de distinta forma la inhibición del juez de la Audiencia Nacional del caso. Pero, al margen de este intento fallido, tienen claro su propósito de continuar el proceso judicial.
Ni siquiera el hecho de que Cádiz no figure en el listado de juzgados decanos y territoriales a los que el magistrado ha remitido la investigación inquieta a la Asociación por la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA). Su responsable en la provincia, Carlos Perales, considera normal esta ausencia pues, según explica, la relación publicada se corresponde con aquellos lugares donde las asociaciones presentaron sus respectivas denuncias hasta que en 2006 Garzón las incluyó dentro del procedimiento que ahora ha quedado en stanb by.
“Nosotros mandamos información y realizamos un borrador, aunque nunca llegamos a formalizar una demanda concreta”, indica el coordinador de AMHyJA, quien advierte, sin embargo, que “ello no impide que la interpongamos en el futuro”. Es más, Perales reconoce abiertamente que su organización estudia en la actualidad la posibilidad de adoptar esta medida, en coordinación con el resto de entidades implicadas en la reparación de las víctimas del alzamiento militar de 1936 y la dictadura que le sucedió.
ENCUENTRO CLAVEDe este modo, AMHyJA pretende convocar en los próximos días a las asociaciones memorialistas, no sólo de la capital sino de toda la provincia, para abordar este asunto. Según su portavoz, esta reunión servirá para conocer de primera mano quiénes están dispuestos a embarcarse en esta empresa, amén de comenzar a sentar las bases para acometer las acciones legales anunciadas.
Y es que, a diferencia de otros colectivos, el que dirige Carlos Perales en Cádiz no parece excesivamente preocupado por la negativa de la Audiencia Nacional a juzgar los crímenes fascistas, en base a una presunta falta de competencias. Y si bien admite que “nos hubiera gustado centralizar todas las denuncias en una sola instancia”, entiende que el camino iniciado no tiene vuelta atrás. “Esto ya no se puede parar”, apostilla convencido. De momento, la iniciativa de AMHyJA cuenta con el respaldo de la Asociación por la Memoria Histórica de Cádiz, cuyo presidente, Rafael Fuertes, confirmó ayer a este periódico su intención de apoyar la idea de acudir a los tribunales de Cádiz. Un paso que, en su opinión, debería haberse dado mucho antes, aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”.
CEMABASA SEGUIRÁ REALIZANDO EL LISTADO DE LOS FUSILADOS
El Ayuntamiento no paralizará el informe encargado a Cemabasa sobre las fosas comunes del antiguo cementerio de San José. La Corporación municipal acordó en el Pleno de octubre, por unanimidad y a instancias de IU, la realización de este trabajo para sacar a la luz los nombres de todos los asesinados en Cádiz a partir del 19 de julio de 1936 y enviar posteriormente este listado a la Audiencia Nacional.
La propuesta se aprobó al calor de las diligencias previas abiertas por Baltasar Garzón. Pero su renuncia a continuar investigando el paradero de los desaparecidos no ha llevado al Consistorio a replantearse el proyecto. “Cemabasa terminará lo que ha empezado”, sostuvo ayer el concejal de Cementerio, Santiago Posada, aunque no precisó cuándo estará lista esta tarea.
Así, el edil popular restó importancia al cambio de escenario producido y agregó que el documento se empleará ahora, principalmente, “para facilitar la localización de los restos de aquellas personas reclamadas por sus familiares”.
Igualmente, Posada aseguró que, una vez concluido, el informe se hará público y se pondrá a disposición de “las instituciones que lo soliciten”.
PIDEN MÁS AGILIDAD
Por su parte, el portavoz de IU, Sebastián Terrada, aplaudió ayer la decisión del Gobierno local de seguir adelante con esta iniciativa. Con todo, pidió un poco más de agilidad en la recopilación de los datos e instó al Consistorio a presentarlos directamente ante el juzgado competente.
Los colectivos de la memoria toman el relevo de Garzón
02/Diciembre · 00:02 · Alejandro Massia
Las asociaciones gaditanas se plantean acudir ahora a los juzgados de Cádiz
Colectivos se plantean interponer una denuncia para que se investigue el paradero de los desaparecidos. · Autor: Marcos Piñero
El movimiento gaditano en pos de la recuperación de la memoria histórica recogerá el testigo de Baltasar Garzón en la causa sobre las desapariciones de la Guerra Civil y la represión del franquismo. Los colectivos que trabajan desde hace años en este ámbito han asumido de distinta forma la inhibición del juez de la Audiencia Nacional del caso. Pero, al margen de este intento fallido, tienen claro su propósito de continuar el proceso judicial.
Ni siquiera el hecho de que Cádiz no figure en el listado de juzgados decanos y territoriales a los que el magistrado ha remitido la investigación inquieta a la Asociación por la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA). Su responsable en la provincia, Carlos Perales, considera normal esta ausencia pues, según explica, la relación publicada se corresponde con aquellos lugares donde las asociaciones presentaron sus respectivas denuncias hasta que en 2006 Garzón las incluyó dentro del procedimiento que ahora ha quedado en stanb by.
“Nosotros mandamos información y realizamos un borrador, aunque nunca llegamos a formalizar una demanda concreta”, indica el coordinador de AMHyJA, quien advierte, sin embargo, que “ello no impide que la interpongamos en el futuro”. Es más, Perales reconoce abiertamente que su organización estudia en la actualidad la posibilidad de adoptar esta medida, en coordinación con el resto de entidades implicadas en la reparación de las víctimas del alzamiento militar de 1936 y la dictadura que le sucedió.
ENCUENTRO CLAVEDe este modo, AMHyJA pretende convocar en los próximos días a las asociaciones memorialistas, no sólo de la capital sino de toda la provincia, para abordar este asunto. Según su portavoz, esta reunión servirá para conocer de primera mano quiénes están dispuestos a embarcarse en esta empresa, amén de comenzar a sentar las bases para acometer las acciones legales anunciadas.
Y es que, a diferencia de otros colectivos, el que dirige Carlos Perales en Cádiz no parece excesivamente preocupado por la negativa de la Audiencia Nacional a juzgar los crímenes fascistas, en base a una presunta falta de competencias. Y si bien admite que “nos hubiera gustado centralizar todas las denuncias en una sola instancia”, entiende que el camino iniciado no tiene vuelta atrás. “Esto ya no se puede parar”, apostilla convencido. De momento, la iniciativa de AMHyJA cuenta con el respaldo de la Asociación por la Memoria Histórica de Cádiz, cuyo presidente, Rafael Fuertes, confirmó ayer a este periódico su intención de apoyar la idea de acudir a los tribunales de Cádiz. Un paso que, en su opinión, debería haberse dado mucho antes, aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”.
CEMABASA SEGUIRÁ REALIZANDO EL LISTADO DE LOS FUSILADOS
El Ayuntamiento no paralizará el informe encargado a Cemabasa sobre las fosas comunes del antiguo cementerio de San José. La Corporación municipal acordó en el Pleno de octubre, por unanimidad y a instancias de IU, la realización de este trabajo para sacar a la luz los nombres de todos los asesinados en Cádiz a partir del 19 de julio de 1936 y enviar posteriormente este listado a la Audiencia Nacional.
La propuesta se aprobó al calor de las diligencias previas abiertas por Baltasar Garzón. Pero su renuncia a continuar investigando el paradero de los desaparecidos no ha llevado al Consistorio a replantearse el proyecto. “Cemabasa terminará lo que ha empezado”, sostuvo ayer el concejal de Cementerio, Santiago Posada, aunque no precisó cuándo estará lista esta tarea.
Así, el edil popular restó importancia al cambio de escenario producido y agregó que el documento se empleará ahora, principalmente, “para facilitar la localización de los restos de aquellas personas reclamadas por sus familiares”.
Igualmente, Posada aseguró que, una vez concluido, el informe se hará público y se pondrá a disposición de “las instituciones que lo soliciten”.
PIDEN MÁS AGILIDAD
Por su parte, el portavoz de IU, Sebastián Terrada, aplaudió ayer la decisión del Gobierno local de seguir adelante con esta iniciativa. Con todo, pidió un poco más de agilidad en la recopilación de los datos e instó al Consistorio a presentarlos directamente ante el juzgado competente.
El movimiento social MEMORIALISTA continúa( ...y continuará) en su lucha por la memoria.
martes 2 Diciembre, a las 19 horas.
Cuarto de la Montería del Real Alcazar (Sevilla).
Conferencia:
“Alcaldes y concejales del PSOE de Sevilla y la provincia represaliados” .
Por José Mª García Márquez, investigador.
.......................................................................................................................................................
jueves 4 Diciembre, a las 19 horas.
Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz)
Mesa redonda sobre
“la recuperación de la memoria histórica”
Fernando Romero Romero y Cecilio Gordillo
Presentados por:
Carlos Perales Pizarro.
..........................................................................................................................................................................................
jueves 4 Diciembre, 20 horas
Casa de la Provincia (Sevilla),
Presentación del libro:
“El largo trauma de un pueblo andaluz. Republica, guerra Posguerra”
Intervienen:
José Chamizo, defensor del pueblo andaluz.
Francisco Espinosa Maestre, historiador
Y el autor, Richar Barker.
Cuarto de la Montería del Real Alcazar (Sevilla).
Conferencia:
“Alcaldes y concejales del PSOE de Sevilla y la provincia represaliados” .
Por José Mª García Márquez, investigador.
.......................................................................................................................................................
jueves 4 Diciembre, a las 19 horas.
Ayuntamiento de Medina Sidonia (Cádiz)
Mesa redonda sobre
“la recuperación de la memoria histórica”
Fernando Romero Romero y Cecilio Gordillo
Presentados por:
Carlos Perales Pizarro.
..........................................................................................................................................................................................
jueves 4 Diciembre, 20 horas
Casa de la Provincia (Sevilla),
Presentación del libro:
“El largo trauma de un pueblo andaluz. Republica, guerra Posguerra”
Intervienen:
José Chamizo, defensor del pueblo andaluz.
Francisco Espinosa Maestre, historiador
Y el autor, Richar Barker.
La cultura memorialista continúa adelante
Próximas representaciones de la obra de teatro "El Canal”
Obra basada en la historia de los presos políticos condenados a trabajos forzados y que construyeron en Canal de los Presos desde 1940 a 1962, cuyo campo de concentración (Los Merinales) más importante estaba situado entre Bellavista y Dos Hermanas.
Están confirmadas las siguientes representaciones de EL CANAL hasta fin de año en Sevilla:
Domingo, 7/12/2008, 19:00 h. CENTRO CÍVICO TORRE DEL AGUA
Lunes, 7/12/2008, 19:00 h. CENTRO CÍVICO TORREBLANCA
Viernes, 12/12/2008, 20:00 h. CARPA MUNICIPAL de TOMARES
Sábado, 13/12/2008, 19:00 h. CENTRO CÍVICO BELLAVISTA.
Obra basada en la historia de los presos políticos condenados a trabajos forzados y que construyeron en Canal de los Presos desde 1940 a 1962, cuyo campo de concentración (Los Merinales) más importante estaba situado entre Bellavista y Dos Hermanas.
Están confirmadas las siguientes representaciones de EL CANAL hasta fin de año en Sevilla:
Domingo, 7/12/2008, 19:00 h. CENTRO CÍVICO TORRE DEL AGUA
Lunes, 7/12/2008, 19:00 h. CENTRO CÍVICO TORREBLANCA
Viernes, 12/12/2008, 20:00 h. CARPA MUNICIPAL de TOMARES
Sábado, 13/12/2008, 19:00 h. CENTRO CÍVICO BELLAVISTA.
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